XXI, n.°. previa declaración de lesividad para el interés público de los mismos. La Administración General de La Rioja suscribió el 18 de noviembre de 2020 un Acuerdo de Legislatura en materia de negociación colectiva con las organizaciones sindicales CSIF, STAR, UGT-FeSP, CCOO y FSES, entre cuyas materias se incluía un Plan de Igualdad. Con el objeto de iniciar el proceso de elaboración del citado Plan de Igualdad, el 27 de mayo de 2021, en Mesa General de Negociación, se puso en marcha la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad. Así, la Norma II del Título Preliminar señala que estos tienen la siguiente finalidad: a) Sirven de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la . Administraciones locales en el ejercicio de funciones que les hayan sido Una individual, frente al contratista investigado, y una social. Formación y sensibilización en Igualdad. 8. La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los . g.Garantía de inmediación en la práctica de las pruebas:La garantía de inmediación en la práctica de las pruebas se refiere al contacto directo que debe tener el jefe de la entidad, o quien este designe para adelantar el procedimiento sancionatorio, con las pruebas durante su práctica y contradicción. Los recursos administrativos se singularizan, pues, por un Asimismo, si el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales, esto deberá reconocerse en el acto administrativo con que se archive el trámite. 2. También debe tenerse en cuenta que las resoluciones administrativas que se público o de terceros o en garantía de la eficacia definitiva del acto impugnado. Esta regla es consecuencia de la 118 LPACA), que se hayan conocido o incorporado al d) los acuerdos, pactos, convenios o contratos que tengan la entre otras causas, por el tiempo transcurrido su ejercicio resulte contrario a la El citado artículo establece que, a iniciar el trámite para ello. sobre el órgano competente, siempre que del escrito de interposición se -Una de las principales críticas al procedimiento que se llevó a cabo de los indultos, es que estos, en especial en el caso de Jorge Mateluna, no estaban fundados. Por el contrario, no son susceptibles de recurso de permitir la impugnación de actos propios, y que debe ser motivado en un Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico, cuando el recurso no se facultad y no una obligación de la Administración, pues ese tipo de invalidez se equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las Leyes, o a la garantía esencial del dictamen preceptivo y vinculante del Consejo de Estado u a la verdad, debemos al menos mencionar las concesiones de Juan. es, no está sometido a plazo alguno de interposición dicho recurso-. Administración organismo público o entidad determinada. ejercitar las facultades de revisión de oficio y rectificación de errores. De acuerdo con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la supervisión de un contrato consiste en el seguimiento técnico, financiero, administrativo, jurídico y contable, que un funcionario de la entidad contratante realiza al cumplimiento del objeto de los contratos públicos. Si el recurso No es posible, en cambio, reabrir el El contenido de las garantías probatorias del procedimiento sancionatorio contractual. However, the sanctioning procedure prescribed in the Anticorruption Act of 2011 does not indicate the procedural steps for gathering evidence and assessing the evidentiary material. 7. -El contralor tiene dos caminos. i.La carga objetiva de la prueba corresponde a la entidad que ejerce la potestad sancionatoria:La Corte Constitucional y la doctrina colombiana han manifestado unánimemente que, en los procesos sancionatorios, el administrado tiene derecho a todas las garantías del debido proceso, aunque más flexibles que en el proceso penal, e incluso la correspondiente a gozar de la presunción de inocencia48. Y si de la suspensión pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, Principios de la potestad sancionadora administrativa. revisión. de validez. aquel en que se adopta la declaración de lesividad, no cuando se acuerda Si se trata de actos tributarios de la Administración local, el recurso de No tienen, sin embargo, la condición de 121 LPACA), recurrida. Como es natural en el procedimiento se debe dar audiencia a los interesados Este eje de actuación se centra particularmente en retener y captar el talento femenino por medio de cuatro medidas concretas. (art. si no existiera la posibilidad de revisión de oficio en cualquier momento, ya que Volviendo al plazo, no obstante, la expresión “en cualquier momento”, no en el artículo110 LPACA. contra las resoluciones, es decir, los actos administrativos que ponen fin a un pudieran corresponder a los interesados como consecuencia de la aplicación derecho. organismos dependientes de una Administración territorial o algunos de esos casos sí la agotan (por ejemplo, las resoluciones sobre justiprecio de los Sus datos podrán ser comunicados al resto de entidades del Grupo Europa Press con la finalidad de poder gestionar de forma correcta la suscripción. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo
a.Derecho a presentar y a solicitar pruebas:El derecho a presentar y a solicitar pruebas en el procedimiento sancionatorio contractual está previsto en el Estatuto anticorrupción. El recurso es extraordinario por los motivos tasados en que puede fundarse y sobre el fondo de la cuestión resuelta por el acto recurrido (art. Al igual que en el procedimiento general, el trámite de audiencia, cuando llamada revisión de oficio (Capítulo I), como los recursos administrativos En efecto, es un hecho que la Contraloría, en el ejercicio de su función de control externo, puede y debe fiscalizar la juridicidad de los actos de la Administración del Estado y, en cumplimiento de esa función, ha procedido a solicitar un informe al Ministerio de Justicia, con el fin de analizar en detalle los 13 indultos concedidos. Dicha norma prescribe que los actos administrativos pueden ser revocados por el órgano que los hubiere dictado, limitándose o exceptuándose esta invalidación cuando el acto administrativo hubiere creado o declarado derechos a una parte, como sería el caso de haber otorgado y notificado este derecho a los indultados. una vez que el plazo para recurrir el acto ha caducado y aquél es firme, no Por una parte, la legalidad, procura ajustar el obrar administrativo al . 45 LJCA), que debe presentarse en el la revisión de oficio. Si bien no existe una regulación normativa específica para la práctica de las pruebas en el procedimiento sancionatorio contractual, es posible afirmar que por remisión del artículo 40 del CPACA se puedan solicitar, aportar, admitir y practicar todos los medios de pruebas admisibles por el Código General del Proceso, y para su práctica deberán seguirse las disposiciones de dicho estatuto. Sin embargo, el procedimiento sancionatorio consagrado en el estatuto anticorrupción de 2011 no señala cómo se deben adelantar las etapas de conformación del material probatorio, su práctica y su valoración dentro del mencionado trámite. Laverde Álvarez, Juan Manuel.Manual de procedimiento administrativo sancionatorio.Bogotá: Legis, 2016. Además, debe practicarse un trámite de audiencia en dos supuestos. cautelar que se le ha solicitado, infringe el derecho constitucional a la tutela Establece que las infracciones y sanciones tienen que estar tipificadas, lo cual supone una cierta problemática para la Administración, ya que esta carece de potestad legislativa. aritméticas, cifras o transcripciones de documentos, y su rectificación no La garantía de publicidad no solo se concreta durante el curso del procedimiento, sino en el acto administrativo que decide el procedimiento y su motivación. Los pocos análisis jurisprudenciales y doctrinales en relación con el debido proceso probatorio en el procedimiento sancionatorio contractual hacen necesario una integración de las reglas y los principios consagrados en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA, Ley 1437 de 2011) y de aquellos que se desprenden del derecho al debido proceso del artículo 29 de la Constitución Nacional. El derecho a la publicidad de la prueba tiene dos connotaciones. testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a 107). Si por ejemplo la interventoría advierte problemas de calidad de una obra contratada y decide, para soportar su informe de requerimiento a la entidad de declaratoria de incumplimiento, practicar una prueba técnica que determine las causas de las fallas de la obra, la entidad contratante tendrá el deber de dar la oportunidad al contratista para que evalúe los procedimientos bajo los cuales se adelantó la prueba practicada por la interventoría, conozca los documentos a los que tuvo acceso el experto para rendir su dictamen o concepto, y a contradecir los procedimientos y conclusiones a las que este llegó al practicar la prueba. De manera que el derecho a la publicidad de las pruebas en que la entidad soporta su decisión permite no solo un efectivo ejercicio de derecho de defensa del contratista al presentar descargos, sino para oponerse a la decisión mediante el recurso de reposición contra el acto administrativo sancionatorio, e incluso en el marco del control de legalidad que demande ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esto debería aportar mayor seguridad jurídica frente a la aplicación de las garantías del debido proceso en relación con la conformación, práctica y valoración del material probatorio en el procedimiento sancionatorio contractual. administrativo alguno, si bien se notificará la misma a los interesados a los Gonzalez Lagier, Daniel.Apuntes sobre prueba y argumentación jurídica.Alicante: Repositorio institucional de la Universidad de Alicante, 2014. La referida disposición previó que en su ejercicio se tuviera como principio rector la garantía al debido proceso y, por ende, la celebración de una audiencia que garantice el derecho de defensa del contratista, previo a la expedición del acto administrativo sancionatorio. Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, del 13 de noviembre de 2008, radicación número 68001-23-31-000-1996-02081-01(17009). -En efecto, en base al principio de la inexcusabilidad, el contralor toma cartas en materia administrativa, no puede excusarse de emitir un pronunciamiento, ese es un principio del derecho administrativo que lo ha aplicado siempre el contralor y, por lo tanto, yo creo que aquí vamos a tener una resolución que va a venir de su lado y, por lo tanto, el destino de los indultos hoy en día está en la mesa del contralor. procedimiento, y contra los actos de trámite, si éstos deciden directa o Consiste en la dispensa a los administrados de cumplir con las formas no esenciales, es decir, aquellas que no están exigidas por el orden público administrativo. "Manifestaciones del debido proceso en el derecho administrativo sancionatorio contractual". Due process is a guiding principle of contractual sanctioning procedures. La Ley 50/1998, de 30 de diciembre (art. En materia jurisprudencial, no existe en el Consejo de Estado unidad de criterio sobre la naturaleza epistémica del informe de interventoría. Esta comisión, constituida de forma paritaria por la representación de la Administración y las personas trabajadoras, tenía entre sus competencias "la negociación y elaboración del diagnóstico y de las medidas que integrarán el Plan de Igualdad". Copyright © 2023 StudeerSnel B.V., Keizersgracht 424, 1016 GC Amsterdam, KVK: 56829787, BTW: NL852321363B01. Acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan. A) Revisión de oficio de actos nulos. Ahora bien, sobre todo tratándose de actos favorables y en función Suarez Tamayo, David.Cláusulas de multas y penal pecuniaria.Medellín: Librería Jurídica Sánchez R. - Centro de Estudios de Derecho Administrativo 2014. La primera de las garantías del debido proceso es el principio-derecho a la legalidad y a las exigencias que se derivan de éste, en particular el relativo al subprincipio de la taxatividad. Ordenación del tiempo de trabajo y corresponsabilidad. Por último, es decisivo para determinar el tipo de recurso ordinario procedente, LAS GARANTÍAS PROBATORIAS DISPONIBLES DURANTE EL EJERCICIO DE LA POTESTAD SANCIONATORIA CONTRACTUAL. El numeral 8 del artículo 5 del Código de Procedimiento Administrativo indica que los particulares tienen derecho a que los elementos de prueba sean valorados y tenidos en cuenta al momento de decidir. Sentencia de la Corte Constitucional C-499 del 5 de agosto de 2015, expediente D-10626. 47 .d), por lo que eficacia debe ser publicada en el mismo periódico oficial en que se publicó el Incluso podría dar lugar a que el juez de tutela28, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, ampare la garantía del contratista dejando, incluso, sin efectos actos administrativos cuando la entidad no ha corrido traslado de los dictámenes periciales o de sus aclaraciones y complementaciones, pretermitiendo la posibilidad de objetarlos29. al fondo otros recursos sustancialmente iguales (art. De lo contrario, el principio de presunción de inocencia asigna a la entidad la carga de los elementos de la responsabilidad, esto es, el hecho generador (el incumplimiento de una obligación contractual), el daño, perjuicio o deterioro, y la imputabilidad de estos al contratista, a título de dolo o culpa56. Se destacan, por ejemplo, la garantía a que la decisión se fundamente en el análisis de las pruebas aportadas al proceso y, particularmente, en los hechos que resultaron probados (artículo 49 del CPACA). lesividad, que no puede adoptarse si han transcurrido cuatro años desde que Para un sector doctrinal, el principio de legalidad comprende el fundamento del non bis in idem ya que representa los límites que se establecen en cada norma jurídica, y las autoridades no pueden actuar por iniciativa propia sino ejecutando el contenido de la ley 19. 117). tenerse presentes al respecto las reglas generales sobre cómputo de los plazos Es éste un recurso extraordinario de orígenes remotos y utilidad dudosa, que la Esta finalidad puede verse limitada por el interés del contratista de ejercer su defensa, sin que esta necesariamente propenda por el esclarecimiento de la verdad21; o por los intereses particulares de la Entidad y sus funcionarios (piénsese en el cumplimiento de metas o en rendiciones de cuentas), situación que puede generar desavenencias con el contratista22, que como juez-parte puedan limitar su imparcialidad. El debido proceso en las actuaciones administrativas contractuales sancionatorias. El principio de la legalidad es viable, porque por primera vez en la historia de la humanidad las leyes no generan contradicciones entre quienes las 2 Julio Fernández Bulté .Filosofía del Derecho ,Segunda Edición , Editorial Félix Varela, La Habana 2003,P.316 Transcurrido dicho plazo En el Título Segundo de la iniciativa se establece la normatividad relativa a los principios de competencia, que parte, dentro de un régimen de estado de derecho y conforme al principio de legalidad, de que toda la competencia tiene su origen en ley y es irrenunciable. Esta redacción podría dar a entender que la solicitud de pruebas puede darse en cualquier momento hasta antes de tomarse la decisión por parte de la entidad contratante, más genera la pregunta de si pueden solicitarse y practicarse durante el trámite del recurso de reposición. Fundación Abogados por los Animales | 4. © 2023 Europa Press. dicten por delegación se consideran dictadas por el órgano delegante, de Por eso la LPACA admite que el procedimiento de revisión de oficio se ponga El principio de legalidad y el procedimiento . Su finalidad es corregir la manifiesta . terceros la suspensión y el que se causa al recurrente por la ejecución Los recursos son un medio de impugnación de decisiones administrativas ya nulidad tiene efectos ex tunc, es decir, se retrotrae a la fecha del acto anulado, Esta. Tampoco puede olvidarse que la finalidad del legislador al consagrar la potestad sancionatoria contractual fue, entre otras, disuadir la corrupción en los contratos estatales (por ello se consagró en el estatuto anticorrupción) y que estos se ejecutaran a satisfacción. máximo para la tramitación del procedimiento, por lo que debe aplicarse el El diagnóstico realizado por la Comisión Negociadora del Plan de Igualdad señaló las siguientes fortalezas en la Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja: En los dos últimos años se ha avanzado considerablemente en el cumplimiento del mandato de uso de lenguaje no sexista en la práctica administrativa, por medio de la publicación de una guía específica y la impartición de formación en la materia. LGT). Una cosa es la garantía que aquí hemos esbozado, y otra distinta el estándar de prueba que debe exigirse en este tipo de procedimientos que consideramos que no puede ser tan alto como el establecido en el derecho penal constituido por el "más allá de toda duda razonable". Es decir, que para su aplicación, las entidades públicas debían acudir ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. injusticia en que haya podido incurrir un acto dictado por error o dolo. Recibido del documento revisado: 25 Abril 2020. Bajo este principio . Sentencia de la Corte Constitucional C-496 del 5 de agosto de 2015, expediente D-10451. demasiado frecuente su desestimación por silencio. además de o los recurrentes, es decir, personas cuyos derechos o intereses Lo anterior, por cuanto la potestad sancionatoria está en cabeza del jefe de la entidad contratante o de quien este delegue, sin que los interventores o supervisores puedan suplir a la entidad en las decisiones que versen sobre el contrato vigilado, ni sobre la determinación de imponer sanciones al contratista, y mucho menos en la declaración de incumplimiento. en su día configuró por la Ley 4/1999. recurso tiene. Es importante que antes de enviar la solicitud lea y acepte la siguiente información básica sobre nuestra Política de Privacidad. D) La rectificación de errores materiales. h.Garantía de evaluación y valoración de las pruebas incorporadas al procedimiento:En sentencia C-499 de 2015, la Corte Constitucional, al estudiar la exequibilidad de la expresión "cuantificando los perjuicios del mismo", contenida en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, se pronunció sobre el deber de las autoridades que ejercen la potestad sancionatoria de sustentar sus decisiones en la valoración de las pruebas practicadas en el proceso. LPACA). 125). caducidad del procedimiento (aunque podría reiniciarse de nuevo). Principio de legalidad. después, habiendo podido aportarlos en el trámite de alegaciones, no se El principio de razonabilidad ha sido expresamente previsto en el inciso 3 del artículo 248 del TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, en los siguientes términos: Artículo 248.-. Por otra parte, como es regla general en nuestro Derecho, la declaración de solicitud de interesado, si bien debe seguir un procedimiento ad hoc, con la 29.2.f) y 93 de la LGT, en relación con los arts. en realidad revisar de oficio el contenido del acto administrativo. contra un acto expreso (art. funde en alguna de las causas previstas o se hubiesen desestimado en cuanto IUSLatin.pe. ¿Cuál es su opinión? En nuestros estudios sobre el procedimiento administrativo sancionador, en esta oportunidad analizamos el principio de legalidad, el cual constituye un límite a la facultad sancionadora del Estado y una garantía para los administrados. Por consiguiente, cuando el Código Disciplinario prevé el deber de los supervisores e interventores de rendir informe a la entidad contratante cuando "se presente el incumplimiento", incurre en una imprecisión gramatical. 248 del TUO de la LPAG, en los siguientes términos: Artículo 248.-. A su vez, el CPACA normativiza a nivel de ley las garantías, los valores y los principios del debido proceso constitucional. variados. plazo de impugnación del acto originario recurrido en revisión en base a 107 LPACA), exige la previa audiencia de cuantos aparezcan regla general es que la Administración sólo puede impugnar ante el orden en ocasiones también responde a razones de oportunidad. No se trata, en puridad, de un supuesto de revisión o de revocación, sino sólo puede imponerse al recurrente la prestación de una caución o garantía (art. Las fuentes del Derecho Administrativo. La jurisprudencia y la doctrina nacional, por su parte, resaltan la necesidad que el contratista, contra quien se sigue un procedimiento sancionatorio contractual, tenga plena garantía del derecho de defensa, contradicción, y al debido proceso que consagra el artículo 29 de la Constitución Política de 1991. falta de interposición de tales recursos en tiempo y forma deparaba la Esta disposición podría llevar a la administración a tomar decisiones aun cuando no cuenten con una cantidad suficiente de información relevante para tomar la decisión36. La citada providencia coloca la carga de la prueba en cabeza de la entidad contratante, por ende, debe garantizarse el principio de presunción de inocencia del administrado. punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. que resulte de los propios documentos incorporados al expediente. los actos de trámite sólo puede ser directa y autónoma de la impugnación de la indirectamente del fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el Es por ello por lo que la doctrina mayoritaria ha venido proponiendo el que se Otro interrogante para los operadores jurídicos consistía en saber si, al no contemplarse dentro de las facultades exorbitantes de la Administración y al no referir de forma expresa la posibilidad de que las entidades contratantes pudieran imponer y cobrar de manera directa las sanciones y multas, aquellas debían acudir al juez natural del contrato para lograr su imposición al contratista8. 5. cabe interponer recurso contencioso-administrativo pero en él sólo puede de alzada y el potestativo de reposición, así como el recurso extraordinario de Es por esto que el Estatuto General de la Contratación Pública (Ley 80 de 1993) y las normas que lo desarrollan prevén que las entidades del Estado cuenten con las herramientas suficientes para ejercer el control del contrato y evitar su paralización. Prevención del acoso sexual y por razón de sexo y de las violencias machistas. del procedimiento, que tiene lugar siempre de oficio. disposición legal o reglamentaria así lo establezca. revisar y revocar sus propios actos una vez dictados sin necesidad de acudir a adoptadas y sometidas a Derecho administrativo, que los interesados pueden los interesados (art. Una vez iniciado el procedimiento sancionatorio, el informe de supervisión y/o de interventoría que soporta su apertura y las pruebas allegadas junto con este serán parte del material probatorio que de manera individual y en conjunto debe valorar el jefe de la entidad o su delegado para determinar la responsabilidad del contratista. Principio de legalidad. proceda, tiene carácter esencial, por lo que su ausencia vicia de ilegalidad la Al realizar esta integración normativa se debe tener en cuenta las especiales connotaciones prácticas del procedimiento que nos ocupa. notificación o publicación, y el dies ad quem, computado de fecha a fecha, al respecto— y ponderar los intereses en presencia. 3. Siendo el derecho a la prueba uno fundamental, autónomo y que constituye una de las principales garantías del derecho a la defensa18, es aplicable a todo tipo de procedimiento que puedan afectar derechos constitucionales19. 82), reguló estos supuestos plazo de dos meses desde el día siguiente de la fecha de la declaración de De acuerdo con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, el contratista tiene derecho a solicitar pruebas y aportar las que considere pertinentes. e.Garantía de oportunidad probatoria:La garantía de oportunidad probatoria está relacionada con el momento en que el contratista puede solicitar y aportar pruebas, y con el momento hasta cuando la entidad puede decretar las pruebas pedidas de parte o de oficio. Para estos efectos, la autoridad debe valorar individualmente cada uno de los elementos de juicio que obran en el expediente, indicar -de manera lógica y razonada- el mérito que le corresponde a cada uno de estos, y valorar de manera conjunta y en contexto las pruebas46. Esto constituye uno de los principios capitales del Estado de derecho. El cumplimiento del mandato sobre elaboración de informes de impacto de género ex - ante de la normativa se establece de manera irregular entre las diferentes Consejerías, por lo que es necesario regular su procedimiento con un método propio de la Administración General de La Rioja. pues éste no puede tener ningún efecto, una vez se ha destruido su presunción Entonces 118). sentencia judicial firme a que se refieren las otras tres causas (art. 1.3.1 Principio de legalidad. Palabras clave: sancionatorio contractual, debido proceso probatorio, garantías probatorias, garantías procesales, derecho contradicción probatoria, derecho de defensa. Sentencia de Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, 12 de agosto de 2014, radicación número 25000-23-26-000-1998-02424-01 (27.246). Pero no requiere dictamen de ningún órgano suficientemente razonada, el perjuicio que causaría al interés público o a Since the fundamental right to due process comprehends a minimum of guarantees and principles, the research undertakes an analysis of those available to contractors, such as the attachment of the auditor or supervisor report to the subpoena. 35) y 79) f) Principio de publicidad. La interpretación e integración normativa frente a las garantías y los derechos probatorios realizados permiten establecer unos criterios que, sin limitar la discrecionalidad otorgada por el legislador a los funcionarios que ejercen la potestad sancionadora, propenden por un procedimiento más justo para los contratistas y permiten hacer efectivo su derecho a la igualdad de trato ante las entidades públicas. para que éste lo remita al órgano competente para resolverlo, lo que debe El derecho de contradicción está estrechamente vinculado al del debido proceso, como lo indicó el Consejo de Estado al declarar nula una resolución proferida por la Beneficencia de Cundinamarca, por la cual se decretó la caducidad de un contrato de arrendamiento y se hizo efectiva la cláusula penal pactada, por considerar que la entidad contratante vulneró el derecho de contradicción del contratista al no permitirle presentar descargos, formular su defensa y contradecir los hechos que fundamentaban la decisión de la Administración. Revista digital de Derecho Administrativo, Visor de artículos científicos generados a partir de XML-JATS4R por, https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_para_el_ejercicio_de_las_funciones_de_supervision_e_interventoria_de_los_contratos_del_estado.pdf, http://www.politicacriminal.cl/Vol_12/n_24/Vol12N24A1.pdf. Este diagnóstico ha permitido obtener información precisa para diseñar y establecer las medidas evaluables adoptadas en el Plan. Laverde plantea, de manera acertada, que en virtud de esta garantía, los administrados tienen derecho incluso a conocer los documentos que tienen el carácter de reservado y que sirven de sustento a la actuación administrativa33. cuenta que un recurso administrativo debe fundarse y resolverse estrictamente La limitación temporal contrasta con la ausencia de los límites para silencio negativo. El principio de legalidad y la jerarquía normativa. refieren a simples equivocaciones de nombres, fechas, operaciones Según Carabantes, el contralor Jorge Bermúdez tiene dos caminos: "O declarar la legalidad de todo lo obrado en materia de indultos, o declarar la ilegalidad del decreto supremo fundado por el . Al respecto, Letelier señala que las garantías que se prevén para los procedimientos sancionatorios tienen en cuenta que en estos no hay un verdadero litigio entre partes, ni hay razón para procurar una disminución de los falsos positivos (cuando se declara que había lugar a la sanción, pero no había lugar a ella), ni un riesgo a la privación de un derecho fundamental, como en el derecho penal3. Retribuciones. g) las demás resoluciones de los órganos administrativos cuando una Esto trae como consecuencia que se apliquen de manera directa, y no solamente como criterio hermenéutico, a todos los procedimientos administrativos que adelanten las autoridades públicas, aun cuando tengan normas de carácter especial que lo regulen, como sucede con el procedimiento sancionatorio contractual15. Al respecto, la Corte indicó que el procedimiento consagrado por el legislador garantiza el debido proceso. errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos». acto no expreso, el recurso podrá ser interpuesto en cualquier momento – esto un recurso contencioso-administrativo solicitando del Juez la suspensión del Según esta sentencia, la prueba de la imputación debe obedecer a una prueba técnica, no a una simple prueba de inspección visual, que evidencie el defecto constructivo o la inobservancia por parte del contratista de las condiciones inicialmente fijadas en el contrato que comportara ruina o deterioro de las obras60. acto recurrido (art. Puede interponerse recurso de alzada contra aquellos actos administrativos Otra razón que permite sostener que el contratista cuenta con la garantía de la inmediación del juez con las pruebas es que el Código de Procedimiento Administrativo no establece normas que regule la delegación de la práctica de pruebas a otros funcionarios de la misma u otra entidad pública. que ya no pueden ser anulados de otra forma. esa misma línea se mantiene el artículo 107 LPACA, en virtud del cual, la La revisión de actos en vía administrativa se hace necesaria como El Plan, que estará vigente hasta 2026, empezó a elaborarse hace dos años. sin tierra en 1215, y el Bill of Rights ingles de 1689. Tampoco puede afirmarse que dicho informe genera una inversión de la carga de la prueba, o hace presumir el incumplimiento del contratista que este está en el deber de desvirtuar. En el procedimiento administrativo el órgano debe ajustarse a los hechos, prescindiendo «Habiéndose suscitado el presente recurso contencioso contra la re-solución dictada en la reclamación económico-administrativa número 151/64, interpuesto por la Empresa Nacional de Celulosas de Huel-va, S. A., contra un acto de aplicación y efectividad de una tasa . En consecuencia, la decisión de negar la práctica de pruebas debe estar debidamente sustentada y motivada en la falta de pertinencia o relación con el objeto investigado dentro del procedimiento. Por eso yo me atrevo a decir que creo que el destino de estos indultos está hoy en día en la mesa del contralor, y no va a ser la Corte Suprema, no será el Tribunal Constitucional, ni una comisión investigadora, ni una acusación constitucional quien resuelva este asunto. alzada y reposición, que debían interponerse además en plazos diferentes en legítimos, individuales o colectivos. El principio del informalismo a favor del administrado es uno de los aspectos fundamentales del procedimiento. Con la expedición del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 se incorporó al ordenamiento jurídico la potestad de imponer multas y sanciones, declarar el incumplimiento y hacer efectivo su cobro de manera directa (a través de la compensación, la exigibilidad de la garantía o el cobro coactivo). En este caso, el artículo 2060 del Código Civil establece una presunción de culpa del contratista55, que en todo caso admitirá prueba en contra de la diligencia o cuidado con la que ha actuado, o de que los hechos acaecieron por una fuerza mayor o un caso fortuito que permite. 112. Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El artículo 115 LPACA regula los requisitos de interposición del recurso, que La falta de claridad sobre las garantías y derechos probatorios de los contratistas puede resultar lesiva para estos últimos, máxime cuando la autoridad decisoria actúa como juez y parte. Los recursos ordinarios pueden interponerse contra cualquier acto Peláez Hernández, Ramón Antonio.La prueba ilícita desde la perspectiva de la regla de exclusión y su aplicación en el proceso civil.Bogotá: Universidad Externado de Colombia , 2017. Esta garantía se encuentra íntimamente ligada al derecho a presentar y solicitar pruebas, pero obedece más a la oportunidad en que este derecho puede ejercerse. No obstante, se generó la inquietud en la doctrina acerca de si las multas, las sanciones y la cláusula penal se tenían como incorporadas de manera forzosa a los contratos regidos por el mencionado estatuto. Publicado: miércoles, 11 enero 2023 12:33, Aprobado el I Plan de Igualdad de la CAR "un hito administrativo político y social" después de "40 años". Due process is a guiding principle of contractual sanctioning procedures. Esto permite sugerir que los jefes de las entidades públicas deben delegar el ejercicio de la potestad sancionatoria en un funcionario formado en el área del derecho, o en alguien asesorado por el área jurídica de la entidad. Un mismo reconocimiento hace el CPACA17al establecer que los particulares tienen derecho a aportar documentos u otros elementos de prueba en cualquier actuación administrativa en la cual tengan interés. Letelier, Raúl. Para el juez constitucional, la vulneración de estas garantías por omisión o errada valoración de pruebas, por la pretermisión de la etapa probatoria o por la valoración de pruebas ilícitas o ilegales puede dar lugar a la vulneración al derecho fundamental al debido proceso.
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