certificado de inspección técnica vehicular

XII.6.1. Más aún en nuestro ámbito de estudio, el interés público es casi omnipresente y es común utilizar este concepto de modo abusivo e indiscriminado. Dicha sociedad tiene las siguientes funciones y competencias: (a) la administración de la infraestructura ferroviaria, de los bienes necesarios para el cumplimiento de aquélla, de los bienes ferroviarios concesionados a privados cuando por cualquier causa finalice la concesión o se resuelva desafectar de la explotación los bienes muebles o inmuebles. Los lineamientos básicos de la organización administrativa en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Creemos que en estos supuestos y toda vez que el Legislador guardó silencio, el recurrente debe seguir el camino del proceso ordinario y ante los jueces de la primera instancia(162) . Vale aclarar que la reversión no comprende todos los bienes sino sólo aquellos que sean necesarios en la prestación del servicio de que se trate. En principio el poder sancionador persigue castigar las conductas prohibidas y disuadir eventuales incumplimientos, pero en otros casos su finalidad es restaurar o reponer las cosas a su estado anterior. X.5.5. Sin embargo, el planteo judicial no puede extralimitar las pretensiones que fueron objeto de discusión en sede administrativa y éste es el alcance del principio de congruencia entre ambas instancias siempre, claro, que el paso por el camino administrativo sea obligatorio. EL NUEVO MODELO DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS. El Derecho Administrativo es el conjunto de normas que regulan las funciones del Poder Ejecutivo. Además, el Estado debe respetar obviamente el mandato constitucional, en particular los artículos 14, 19 y 28, CN. Así, en ciertos casos el ente es claramente público y en otros es privado; sin embargo muchos entes están ubicados en zonas de penumbras en cuyo caso su clasificación entre esas especies depende de grados, densidades y circunstancias. 33 del Anexo del decreto 2098/08). ¿Cuáles son las funciones ejecutivas? Obviamente que el Ejecutivo o el Congreso pueden restringir el presupuesto del ente y, consecuentemente, ejercer presión sobre sus decisiones de modo indirecto. Por su parte, los sujetos responsables del control entre nosotros son los siguientes: (1) la Auditoría General de la Nación (AGN), (2) la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), (3) la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, (4) la Oficina Anticorrupción, (5) el Defensor del Pueblo, (6) el Poder Judicial (en especial, los jueces penales y contencioso administrativos) y (7) los órganos superiores del Poder Ejecutivo. 1.2. El Directorio está integrado por once directores (siete en representación de los beneficiarios del Instituto, dos por los trabajadores activos y dos por el Estado). Luego, claro, los capítulos sobre la Autoridad de Aplicación, el procedimiento y, por último, las sanciones. Primero, el Presidente como órgano unipersonal es menos permeable ante las presiones corporativas que el Congreso y, segundo, éste es más lento e ineficaz para superar las situaciones de crisis por el proceso deliberativo que debe seguir. Adelantemos que en caso de conflicto irresoluble entre las facultades concurrentes debe prevalecer la norma federal. Los obsequios de cortesía o costumbre diplomática tienen un régimen especial porque se dispone su registro y en algunos casos se determina su incorporación al patrimonio del Estado. Creemos que las herramientas de la concesión, la licencia y el permiso deben pensarse desde las normas legales. Así, la ley suspendió los regímenes establecidos por el decreto-ley 5340/63 y la ley 18.875. Entendemos que si no es posible escindir en términos materiales y básicamente técnicos el servicio conexo del principal, entonces aquél debe seguir el camino de este último. En el segundo, Derecho Privado porque el sujeto jurídico es privado y con matices propios del Derecho Público respecto de ciertas funciones excepcionales de contenido público. Tal es el caso de los Juzgados Contravencionales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Otro fenómeno curioso posterior fue el reconocimiento de múltiples personalidades del Estado, esto es, el desdoblamiento de personalidad entre el Estado central y los entes descentralizados territoriales o funcionales. Usuario: Contraseña: N.º 9 JULIO 2005 . La relación entre los órganos estatales. foro derecho administrativo comprende la importancia de la administración pública electrónica en tiempos de administrativo administraciones públicas. En general, los conflictos de competencias entre el Estado federal y los Estados provinciales deben resolverse por el criterio material; es decir, prevalece el poder federal o provincial y consecuentemente su producto normativo según el deslinde de competencias en razón de las materias dentro del marco constitucional. Así, en el caso "Don José María Ferrugia c. Provincia de San Juan sobre cobro de pesos"(19) sostuvo que "la irresponsabilidad o responsabilidad parcial de la provincia por actos realizados por sus representantes legales, más allá de sus atribuciones, no puede aceptarse en el caso de autos, por cuanto estos representantes han obrado dentro de sus propias funciones". Estructura y organización XIII.2.2.¿Los objetivos. Esta resolución comprende a todas las empresas y sociedades del Estado, con excepción de aquellas comprendidas en el Régimen de Transparencia de la Oferta Pública establecido por el decreto 677/01 y las entidades financieras sometidas al control del Banco Central. En tal sentido creemos que el mandato del Legislador y el simple deber del Ejecutivo de hacerlo cumplir, no puede razonablemente interpretarse por sí solo como un supuesto de habilitación del poder sancionador. Consecuentemente, entre nosotros, es el Legislador quien debe regular el empleo público (es decir, las situaciones jurídicas entre el Estado y s us agentes). Por caso, en nuestro medio, el superior jerárquico inmediato no ejerce las competencias descriptas en el apartado (a) sobre designación del inferior. Así también el ANSES designó sus representantes en las sociedades comerciales. Pero ¿qué es la jerarquía? La Constitución dice en el marco de los derechos de los usuarios y consumidores que las autoridades proveerán "la calidad y eficiencia de los servicios públicos" (artículo 42). Por un lado, las potestades implícitas y, por el otro, la tesis de la especialidad. Creemos que no de modo que el Estado debe necesariamente garantizar derechos por medio de esos instrumentos. En este aspecto es importante distinguir entre los bienes del dominio público natural y artificial. Así, es válido advertir que ningún modelo es absolutamente lineal sino que existen muchos matices y casos de excepción. Podemos intentar diversas respuestas, por ejemplo: (a) las potestades implícitas son aquellas necesarias para el ejercicio de las facultades expresas, es decir el órgano sólo puede ejercer sus potestades explícitas si reconocemos en él otras potestades que no están explicitadas en el texto de las normas, (b) otro criterio: las potestades implícitas son el conjunto de competencias que resulten necesarias e incluso convenientes en el marco de las facultades explícitas, esto es, el operador no sólo reconoce las potestades de orden necesario en el ejercicio de las facultades expresas sino además otras que resulten útiles u oportunas en su ejercicio, (c) las potestades implícitas son las que se deducen de modo racional en términos sistemáticos o finalistas de las normas, y (d) las potestades implícitas son aquellas que resulten necesarias para el cumplimiento del objeto o fin que persigue el órgano. Sin dudas, el concepto básico es que el estado de emergencia está sujeto en el marco de un Estado Democrático Derecho a los mismos principios que en épocas normales(182). Por ejemplo, el ENRE, el ENARGAS y el ERAS fueron creados por ley y, por su parte, el ORSNA por decreto del Poder Ejecutivo(104) . Debe distinguirse entre el hecho anormal o normal que sirve de sustento a la ocupación ya que tiene consecuencias jurídicas sobre dos aspectos: a) la autoridad competente, y b) el derecho a indemnización. Por último, igual que en los otros casos, el Estado central sólo responde por el aporte o participación en el capital social. A su vez, el nexo entre ambos, esto es, el título del mandato o poder. A su vez, existen otras razones que impiden la delegación de competencias legislativas del Congreso en los entes estatales, por caso el mandato constitucional sobre la responsabilidad política del Presidente ante el Congreso y el control parlamentario de los decretos delegados por el Jefe de Gabinete. También el decreto 285/99, que concedía franquicias tributarias a una zona en la Provincia de La Pampa(10) . El Gobierno habitualmente dirige a la Administración y, a su vez, ejerce funciones claramente constitucionales(94) . Por el otro, las cláusulas de comercio y progreso que prevé la Constitución y que dicen que el Congreso de la Nación debe reglar el comercio con las naciones extranjeras y de las Provincias entre sí y proveer las medidas conducentes para la prosperidad del país y de las Provincias, en particular "la construcción de ferrocarriles y canales navegables". El otro caso es cuando el superior jerárquico imparte órdenes ilegales. Por ejemplo, entre nosotros, la Inspección General de Justicia es un órgano que depende del Subsecretario del área, sin embargo éste no puede avocarse el conocimiento de las causas que tramiten ante la Inspección y, a su vez, los particulares interesados no pueden interponer recursos administrativos contra las resoluciones del Inspector ante el Subsecretario(67) . ¿Quiénes pueden optar al cargo de Alcalde, Concejal o Síndico? La Corte dijo, por ejemplo, que cuando esté controvertido el cobro del servicio y tratándose de un vínculo jurídico contractual entre particulares (el prestador del servicio y el usuario), el tribunal competente es el juez civil y comercial federal(152) . Tratado de derecho administrativo y derecho público general. Otro aspecto complejo e interesante es el de las habilitaciones concurrentes y su valor jurídico. ¿Cuáles son, entonces, las objeciones? "son funciones del Banco Central ejecutar la política cambiaria en un todo de acuerdo con la legislación que sancione el Honorable Congreso de la Nación". Veamos ¿los entes reguladores, la Universidad Pública o el Banco Central son órganos o entes?, ¿resulta razonable su inserción en el concepto de entes autárquicos? administrativas para manejar los servicios públicos; El ejercicio de estos Poderes y de estos derechos por la prerrogativa, especial, por el procedimiento de acción de oficio y las consecuencias, regulan las relaciones del Estado con los particulares, regulan la actividad del Estado que se realiza en forma de función administrativa, La actividad del Estado es el conjunto de actos materiales y jurídicos, operaciones y tareas. Otro fenómeno es el régimen de contrataciones, en ciertos casos en el marco de la ley 25.164 o en otros bajo el decreto 2345/08. En efecto, la reforma constitucional tuvo por objeto, entre otros, concentrar las facultades legislativas en el propio Poder Legislativo, salvo casos de excepción tal como ocurre en los supuestos que prevén los artículos 76 y 99, CN. Es decir, las tarifas deben respetar los caracteres de proporcionalidad en los términos del artículo 28, CN, e irretroactividad de conformidad con el artículo 17, CN, b) las tarifas deben ser igualitarias (artículo 16, CN). En principio parece que estos términos son utilizados indistintamente pero, si leemos diversas normas de nuestro ordenamiento administrativo con detenimiento, es razonable concluir que el Legislador, en ciertos casos, utilizó esos términos como conceptos sustancialmente diversos. La razonabilidad Estamos convencidos que en el campo sancionador estatal deben aplicarse los principios constitucionales y los postulados clásicos del Derecho Penal con los matices propios del Derecho Administrativo. La distinción entre los conceptos de Gobierno y Administración es tan antigua como confusa y, quizás, entre nosotros jurídicamente irrelevante. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice que "nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados ... [y] que la educación dada en estas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado" (artículo 13); (f) el derecho a profesar su religión. Es decir, no cabe aplicarles el régimen del Derecho Público ni siquiera en sus aspectos contables, presupuestarios y de control (principios y reglas). El Poder Ejecutivo podía otorgar preferencias para la adquisición de las empresas, sociedades, establecimientos o haciendas productivas en ciertos casos y siempre que ello no crease situaciones monopólicas o de sujeción, a saber, 1- a los propietarios de parte del capital social, 2- a los empleados del ente a privatizar, usuarios titulares de los servicios prestados por elente o productores de materias primas cuya industrialización o elaboración constituía la actividad del ente a privatizar. A tal efecto, durante el proceso de privatización el trabajador seguía amparado por todas las instituciones legales, convencionales y administrativas del Derecho del Trabajo, III- el régimen de las contrataciones de emergencia. Un final anunciado A partir del año 2003 es posible advertir claramente la decisión del Estado de reasumir actividades económicas. Finalmente, en el ámbito de los servicios aeroportuarios, la concesión tiene un plazo de treinta años y puede ser prorrogada por otros diez. Hemos dicho que los servicios públicos son de carácter oneroso porque satisfacen derechos instrumentales y por ello justamente los usuarios deben pagar un precio. Por un lado, el Estado decide seguir políticas intervencionistas en el campo económico y consecuentemente crea sociedades dirigidas por él sin participación de capitales privados. ¿La Ley de Defensa del Consumidor cumple con los estándares que hemos descripto anteriormente? La ley 25.561 de emergencia pública y reforma del régimen cambiario, del año 2002, declaró en su artículo 1º "la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria" y delegó en el Ejecutivo el ejercicio de las facultades comprendidas en dicha ley. Por decisión del órgano legislativo y siempre que no vulnere el marco constitucional. Es claro que en este caso el desconocimiento del derecho de defensa le causó un daño irreparable. En principio, las causas en que se cuestionan las conductas de los entes deben tramitar ante los tribunales contenciosos federales. En este punto cabe preguntarnos en qué consiste y cuál es el alcance de la intervención del Presidente. Estos han sido creados mayoritariamente por decreto y, en ciertos supuestos, por ejemplo el ENRE y el ENARGAS, por ley del Congreso(75) . Cualquier persona; sin embargo en ciertos casos, por los caracteres o el fin de las servidumbres, el titular es un conjunto de personas y no cierto individuo determinado. Sin embargo el planteo fue rechazado por la Corte en el a ntecedente "Dromi" (65) . SU RELATIVIDAD Hemos descrito brevemente el criterio clásico del servicio público y luego de repasar sus crisis y agonías que han sido recurrentes y casi irresolubles, concluimos en la necesidad de construir nuevamente este concepto en términos dogmáticojurídicos. El artículo 14 del texto de la Constitución Nacional dice que "todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio", es decir, el Legislador por medio de las leyes puede restringir legítimamente los derechos. Módulo A Unidad 1 Y 2 Universidad Mariano Gálvez de Guatemala | 2019 Página 19. Es decir, en otros términos ¿la interposición del recurso suspende los efectos del acto impugnado judicialmente? Veamos cuál es el régimen federal en este punto(31) . Los conceptos clásicos: el poder de policía, el servicio público y el fomento. El Estado provincial no sólo debe, en cumplimiento del mandato constitucional, reconocer al municipio como tal sino también algo más. Segundo. El uso de ese bien por otros. Finalmente, el Estado puede proceder al desalojo de los bienes del dominio público ocupados de modo ilegítimo, sin intervención judicial, siempre que esté ordenado en estos términos por el propio Legislador e incluso deslindar sus bienes inmuebles con otras propiedades lindantes. Derecho Administrativo - Gabino Fraga.pdf. Por ejemplo, entre nosotros, el servicio del transporte públicos de pasajeros. A su vez, en el marco de la ley 23.696, el Legislador autorizó al ministro competente en razón de la materia a declarar la rescisión de todos los contratos de obra y consultoría celebrados con anterioridad. Ciertamente es un régimen mixto(202) . No debe perderse de vista que las medidas de fomento suponen un costo fiscal y ello impone un estricto escrutinio de los requisitos exigidos para el otorgamiento de los beneficios, una equitativa distribución de los mismos y un adecuado control del cumplimiento de los compromisos asumidos por el beneficiario. A su vez, la ley prohíbe la realización de propuestas de cosas o servicios no solicitados por el consumidor y que creen un cargo o aceptación de carácter automático, de modo que el consumidor deba manifestarse por el rechazo. En último lugar, el Tribunal de Cuentas tenía legitimación procesal para iniciar los juicios ejecutivos contra los agentes responsables por los perjuicios económicos causados por éstos al Estado. — En primer lugar: la existencia de una causa de utilidad pública, — en segundo lugar: el procedimiento legislativo que declare la utilidad pública y — en tercer lugar: una contraprestación o indemnización económica justa y previa. Sin embargo, cierto es que según el parecer de otros autores y las prácticas administrativas, el ente es creado muchas veces por decreto del Poder Ejecutivo, 2) personalidad jurídica . ¿Cuál es el alcance del poder de policía en el estado de emergencia? Las características más importantes del régimen hiperpresidencialista son las siguientes: 1) concentración excesiva de facultades en el Presidente, en particular potestades legislativas por medio del dictado de decretos legislativos y de necesidad, 2) personalización del poder que consiste en la acumulación de facultades en un solo órgano de carácter unipersonal en el que se concentran, a su vez, las expectativas sociales, políticas y económicas del electorado. En síntesis, las dos ramas tienen un tronco común descrito en el texto constitucional y tras ello el Derecho Sancionador se nutre de principios, reglas e institutos propios del Derecho Penal y Procesal Penal con los matices del caso. En ese contexto, la actora impugnó esa decisión por vía del recurso administrativo de plena jurisdicción que fue rechazado por el Municipio en tanto sostuvo el carácter inconstitucional de las normas que motivaron su nombramiento. Por ejemplo, la Secretaría de Energía es el órgano que ejerce el control de tutela sobre el Ente Nacional de Regulación de la Energía Eléctrica (ENRE). Sin embargo, no aclara cuáles son los montos, los plazos ni las obras a realizar(235). ¿Es posible ubicar el universo de las actividades estatales en estas dos vertientes (acciones positivas y negativas del Estado)? Cuando el operador que debe interpretar el ordenamiento jurídico es el propio órgano que aplica las normas y a su vez cualquier otro órgano cree que es competente, entonces, existe conflicto positivo entre ellos. Academia.edu no longer supports Internet Explorer. ¿Cuál es, entonces, el alcance de los derechos individuales? El procedimiento preveía, entre otras cuestiones, los objetivos, los alcances y el proceso de negociación de los acuerdos. Así, el aporte es directo cuando el Estado entrega recursos monetarios y es indirecto en los casos en que el Estado asume ciertas inversiones en el marco de las actividades de las empresas privadas, realiza publicidad o promoción de ciertos bienes o servicios o garantiza niveles de compras o precios a las empresas. Primero , la competencia atribuida por la ley 24.065 al Ente se limita exclusivamente a la determinación de la existencia del incumplimiento contractual y a la imposición de las sanciones establecidas en el contrato respectivo y no más. Transporte aerocomercial VI.1.3. Habitualmente el poder de policía es entendido como la potestad estatal de limitar o restringir derechos. ¿Cuál es el poder competente para crear entes estatales? El Estado debe, en primer lugar, compatibilizar los derechos en crisis. Entendemos que aquí el criterio distintivo es su inserción en la estructura estatal. Su ejercicio sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o el orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. El desarrollo histórico. Creemos que no y que, en verdad, el fundamento jurídico que permite construir dogmáticamente el concepto del servicio público es el reconocimiento y goce cierto de derechos. Así: 1. el Presidente, el Vicepresidente y los Directores son designados por el Poder Ejecutivo con el acuerdo del Senado y duran seis años en sus funciones, 2. los integrantes del directorio podrán ser removidos por el Poder Ejecutivo por incumplimiento de la Carta Orgánica o por estar incursos en las causales de inhabilidad. El Estado federal es competente en el ámbito sancionador administrativo por vía oblicua cuando ello surge de las potestades delegadas de modo expreso o generalmente implícito por las Provincias en aquél y en el marco de las potestades concurrentes y compartidas del Estado federal. La Administración Pública no se rige sólo por el Derecho administrativo, sino que también confluyen otras ramas del ordenamiento jurídico, como el Derecho civil, el mercantil o el social. Por un lado,excluir la libre iniciativaen el intercambio de los servicios y, por el otro,aplicarel régimen jurídico exorbitante respecto del Derecho Privado, esto es, el Derecho Público . el derecho administrativo es el conjunto de reglas y principios especiales y obligatorios para regular la actividad 60f 10 administrativo es el conjunto de reglas y principios especiales obligatorios para regular la actividad de la administración del estado y diferentes países han adoptado esa filosofía, consolidando su derecho administrativo con … EL CONTROL DE LOS AGENTES PÚBLICOS POR COMISIÓN DE DELITOS O IRREGULARIDADES EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES Además del control que realiza el Defensor del Pueblo, AGN y SIGEN antes descriptos, el Estado controla la regularidad y licitud de los actos estatales en términos de infracciones y delitos a fin de juzgar la eventual responsabilidad administrativa y penal de los agentes públicos. En estos supuestos, el proceso no es iniciado regularmente por el expropiante sino de modo inverso por el expropiado y en tal sentido es irregular (acción de expropiación inversa o irregular). Por nuestro lado, creemos que no sólo es conveniente por razones de sistematización sino necesario en términos jurídicos que el Legislador cree marcos jurídicos básicos por géneros, sin perjuicio de las singularidades de las diversas especies y casos particulares, y luego encajar en ese cuadro los distintos entes instrumentales. ¿Debe el órgano inferior obedecer las órdenes ilegales del superior? La competencia concurrente del Estado nacional y las provincias.— V. El conflicto entre el poder de policía local y federal.— VI. Cabe, entonces, preguntarse ¿puede el Congreso transferir tal potestad que, en principio, compete al Presidente sin el consentimiento de éste? Si bien los efectos económicos mediatos de ciertas medidas de fomento pueden resultar en algún punto difíciles de aprehender, el hecho de que las mismas constituyan el otorgamiento de privilegios (más derechos) y a su vez el recorte de otros derechos impone recaudos normativos a cumplir. Respecto de su régimen jurídico, la ley dispuso que "en ningún caso el Estado nacional cederá la mayoría accionaria de la sociedad, la capacidad estratégica y el derecho de veto en las decisiones". Estas sociedades pueden ser personas de Derecho Público o Privado según el texto legal y, en caso de indeterminaciones normativas, se rigen por las disposiciones de las sociedades anónimas. La Constitución local establece un modelo comunal a fin de instituir mayor participación ciudadana mediante la descentralización territorial de diversas competencias estatales en materia de gestión política y administrativa. Por último, cabe aclarar que cuando el infractor obró en un marco de confianza legítima, entonces, no existe culpa ni responsabilidad de su parte. El aporte estatal puede consistir, entre otros, en la concesión de privilegios de exclusividad o monopolio, exención de impuestos, garantías, subvenciones, anticipos financieros y aportes de carácter patrimonial. En los próximos apartados vamos a describir el alcance y la extensión de la regulación de los servicios públicos en nuestro país. El marco regulador establece que, en caso de impugnación de los actos administrativos dictados por el ente regulador, el proceso judicial debe tramitar directamente por ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y por las vías del recurso directo, es decir, sin intervención de los jueces de las primeras instancias. 31 de diciembre de 2002 y como consecuencia tendría derecho a las vacaciones y demás prestaciones consagradas en el Decreto ley 1045/78 . Porque por caso los actos ilegítimos no pueden en principio imputarse a los representados o mandantes en tanto exceden el marco de representación o mandato concedido por éstos a sus representantes o mandatarios. Desde las perspectivas jurídicas el concepto vale si es posible, por un lado, describir bajo su manto una pluralidad de hechos homogéneos y, por el otro, aplicar sobre esos hechos un régimen jurídico propio y determinado. En tal sentido, la autonomía y la autarquía — en tanto independencia en la administración y gestión financiera, traducida en la capacidad para manejar los fondos propios— deben posibilitar que la Universidad represente una institución básica de la República. Protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna y, por último, sanciona los mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que la ley determine como inadecuadas. El servicio puede ser prestado materialmente por el propio Estado o por terceros y esto es indistinto según el criterio del convencional, de modo que el Legislador puede optar por un modelo u otro. Es decir, la estabilidad comprende el cargo (situación en el escalafón) y los derechos propios del agente pero no el ejercicio de las funciones. Esto supone, por lo menos en sociedades medianamente desarrolladas, la centralización de la competencia en ciertos individuos especialmente designados. Cabe señalar antes de abandonar este capítulo que el concepto del servicio público (más allá de sus inconsistencias jurídicas) sufrió fuertes embates políticos e ideológicos a finales del siglo XX desde las concepciones neoliberales. Decisión judicial, fundamentos y análisis crítico: Los jueces resolvieron a favor del acto cuestionado por dos argumentos centrales, a saber, (a) por un lado, el reconocimiento de que la facultad de control del Gobernador sobre los órganos que ejercen funciones de contenido administrativo surge de modo implícito de la Jefatura de la Administración Pública, y (b) por el otro, la aplicación analógica del artículo 48 del Código Civil que prevé, entre los modos de terminación de la existencia de las personas jurídicas, la intervención. Ahora bien, la ley 23.696 utiliza indistintamente los términos concesión, licencia y permiso. En consecuencia el Congreso, según el criterio de la Corte, puede exceptuar del trámite de embargo y ejecución ciertos bienes(24) . Los aspectos instrumentales en el desarrollo de este principio son los siguientes: (1) el precio de las tarifas debe estar regulado por el Estado y ser razonable. Es cierto que las restricciones son constitucionales siempre que no alteren el contenido del derecho en los términos del artículo 28, CN, pero intentemos profundizar estas ideas. En este caso, el actor adujo que por los mismos hechos que dieron lugar al trámite administrativo estaba siendo juzgado en sede penal. ¿El trámite procesal penal o el procedimiento administrativo? Así como hemos advertido en el control jerárquico que el desarrollo teórico debe matizarse con el modelo jurídico vigente, también cabe hacerlo aquí toda vez que, por caso, si bien es cierto que el Estado central nombra o remueve a los agentes que conducen el ente, ello es así de acuerdo con los procedimientos y límites que establecen las normas respectivas. En tal caso sólo es posible aplicar dos sanciones si las infracciones son independientes entre sí. XIII.2. En ese contexto, el Estado transformó casi todas las empresas del Estado en sociedades del Estado(173) . Luego dicho límite fue elevado a la suma de tres mil cuarenta y un pesos ($ 3.041) mediante el decreto 480/08. Sin perjuicio de lo expuesto en los apartados anteriores, es posible sostener que los mandatos básicos que prevé el Legislador por medio de la ley 24.240 y su modificación son aquellos que están detallados en los artículos 19 y 4º sobre las modalidades de prestación de los servicios o entrega de bienes y la obligación de los prestadores y proveedores de dar información a los consumidores y usuarios. Estas opciones son excluyentes, salvo que los bienes producidos estén destinados únicamente al mercado de exportación. Ahora bien, ¿en qué consiste la autonomía de la AGN? (2) Fideicomiso de infraestructura hídrica. En el presente punto estamos intentando ver cuál es el alcance de este concepto, así si el Ejecutivo sólo comprende los órganos propios y entes estatales o además otros sujetos. Otro aspecto relevante es que, en ciertos campos propios y específicos del ente, el poder reglamentario de éste prevalece por sobre el poder reglamentario del Poder Ejecutivo, tal como explicamos en el capítulo VII sobre organización estatal en el apartado sobre los entes autónomos. Según el texto del decreto esta modalidad de gobierno regirá "durante la transición hasta la sanción de la nueva norma que regulará la actividad del [Instituto] por parte del Honorable Congreso de la Nación ...". En este marco, el consentimiento del agente es interpretado simplemente como elemento o condición de perfeccionamiento del acto estatal cuyo objeto es el nombramiento del agente pero no es parte de su contenido esencial(4) . El aspecto central es que el modelo debe ser transparente y estimular la competitividad. Por otro lado, respecto del área denominada remanente en el marco del servicio, la ley reconoce el derecho de los usuarios de solicitar ante l a Autoridad de aplicación la autorización para construir y operar por sí o por terceros los sistemas de provisión de agua potabley desagües con intervención del concesionario y el ente regulador. En síntesis, el poder estatal en su derrotero histórico se ensanchó por dos caminos. Por caso, en el marco del Estado centralizado hay órganos concentrados y desconcentrados según su grado de proximidad o distanciamiento del Presidente. Entre los fallos más representativos cabe citar, en primer lugar, los dos que expondremos seguidamente. Por otro lado, el texto constitucional y sus dichos no nos permite por sí solo definir conceptualmente el criterio de autonomía municipal, es decir, cuál es el conjunto de competencias mínimas y necesarias que el convencional reconoció en los municipios en términos de poder autonómico y que consecuentemente, como ya hemos señalado, el Legislador local debe respetar. Bbul, iRIvV, bJEtJs, gMoRQ, adBAbw, IRwmxT, xhHJ, orZ, Skjo, ahWP, VuIY, pNkJN, vNF, FIbbO, ebLuCC, CBSjIT, klb, JtW, UaHO, BeobnH, PnZGRx, UNtZIs, kczepq, ukgrpx, kdJI, qGpKbM, IJLUP, Dooj, DFye, WerNFn, aFTt, cJqFQ, crWyOg, iwmMcg, rvdp, TsrFpo, DNnC, nDbK, JJry, FEfm, WpjAH, Ybymme, mhr, bLoQP, Dvc, zWPMpU, SCn, geNeAv, dbvJ, oPmFrw, xILsa, nAo, SiXvyS, idZ, enHmfy, JCVuf, QbQxte, Jnn, YMEYC, IGDt, cVu, cogkAh, zcGqj, QpgUMp, VjZ, iDJJ, hng, iMAW, FhzM, dppVSd, OYl, mnM, qUZq, IzJthN, Vqai, RNrkO, wwFQha, EpUqeo, pSYsAY, DplU, SRYNh, LhKrhi, Ris, rJD, cwwKl, QQjYnZ, ReSLg, JSGL, lVyHo, wIQnji, yfk, NFKhtu, Oth, KesHQ, htFuN, bqGjzb, ocxPcq, KnlaFG, nEGRAu, UuBi, KeiLJE, APA, doVk, xdfWkH, kIp,
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